Diagnóstico de Ecuador y esquemas de planificación nacional y territorial
El modelo ecuatoriano de equidad territorial está determinado por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) de 2010. Dentro del esquema nacional existe la necesidad de conservar una institucionalidad que permita orientar, gestionar e implementar la planificación en todos los niveles de Gobierno. Esto es importante si se quiere dinamizar la planificación y plantear la articulación necesaria para que se cumpla en los territorios.
Año de publicación: 2021
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Sector de la construcción en el Ecuador en época de COVID-19
La emergencia provocada por la pandemia tiene un impacto en todos los sectores económicos, incluido el de la construcción. En Ecuador, este sector es una actividad dinamizadora del aparato productivo del país. Debido a la situación económica, la incertidumbre y los protocolos de distanciamiento físico, su reactivación es un escenario complejo. Sin embargo, según la Organización Mundial del Trabajo (OIT) puede que el sector de la construcción puede ser la clave de la reactivación económica afectada por la crisis de la pandemia.
Entre 2009 y 2019, la participación promedio del valor agregado bruto (VAB) de la construcción en el PIB nacional fue 10,7%. El Banco Central del Ecuador, en su informe “Impacto macroeconómico del COVID-19” (2020), estima que este sector experimentó una variación relativa de -4,7% entre marzo y mayo 2020 como consecuencia de la pandemia. A diciembre de 2019, la tasa de participación del empleo global1 de la construcción es de 5,8% (BCE, 2019). El siguiente documento se muestra la participación del empleo del sector de la construcción en cada categoría de la Población Económicamente Activa (PEA) del Ecuador.
Las medidas de mitigación del impacto en el sector de la construcción son planificados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). Estas entidades han creado diversas estrategias con organismos internacionales para cubrir el déficit de vivienda. El financiamiento provendrá del fideicomiso llamado “Proyecto Emblemático de Vivienda Casa para Todos” cofinanciado por el Estado. También aportan otras instituciones como el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Se planifica utilizar dos mecanismos de financiamiento: el primero es la vivienda 100% subsidiada. El segundo son los créditos hipotecarios con tasas de interés preferenciales, años plazo y cuotas iniciales en condiciones especiales.
Año de publicación: 2020
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El sistema de organizaciones políticas y la normativa electoral en el Ecuador
El documento presenta un recorrido histórico de las principales reformas y leyes para asegurar la calidad democrática en el país. Desde el retorno a la democracia en 1979, uno de los retos de la política ecuatoriana fue constituir un sistema de partidos poco fragmentado, institucionalizado, y con tendencia al diálogo y la concertación. El objetivo del documento es que la ciudadanía conozca sobre las organizaciones políticas y la evolución de la normativa electoral. Y de como resultado, la creación de procesos democráticos transparente en el país.
En Ecuador, ha existido un alto número de organizaciones políticas (OP) registradas en cada proceso electoral. El documento muestra el número de OP desde el 2002 evidenciando el número más alto en el 2009. Actualmente, se encuentran registradas 238 organizaciones políticas en el Consejo Nacional Electoral. Además, en el país existen sólo 8 partidos políticos mientras que los movimientos políticos son 230 entre nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. A partir de esto, la mayor concentración de organizaciones políticas se encuentra en Pichincha con 27 y Guayas con 25. El indicador de concentración muestra la distribución del voto entre las dos organizaciones políticas más votadas. En el documento se muestra que a lo largo de los últimos 6 procesos electorales, la concentración del voto llegó a su punto más alto en el año 2007.
En este año las dos OPs más votadas concentraron el 71,7% de los votos y esto coincide con la aparición del movimiento político Alianza País. Sin embargo, en los siguientes años, este valor decae y coincide con un incremento en el número de movimientos políticos que buscan captar al electorado. También se destaca que históricamente se ha evidencia un gran número de organizaciones políticas en el Ecuador. En promedio 300 organizaciones habilitadas son para cada proceso electoral desde el 2002.
Año de publicación: 2020
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Ecuador camino a ser país miembro del EITI
La Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es un estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los recursos naturales no renovables (petroleros, mineros y gasíferos). Se alinea con la iniciativa Gobierno Abierto. El grupo multipartes EITI Ecuador es un grupo multi partícipe conformado por el sector público, la industria y la sociedad civil. Su objetivo es divulgar anualmente información clave sobre la gestión de las Industrias Extractivas, generando recomendaciones para reforzar su gobernanza y promover el debate público. El EITI aporta datos de la cadena de valor de las Industrias Extractivas, es decir, información relacionada con: Licencias y contratos; producción; recaudación de impuestos; asignación de ingresos; contribución social y económica.
El documento presenta un resumen del proceso EITI en Ecuador (2018-2020). En Febrero 2018: se conformó el Grupo Impulsor de la Sociedad Civil, conformado por Grupo FARO. Este grupo promueve la candidatura de Ecuador a EITI. A finales 2018: el Banco Mundial inicia un proceso de apoyo al Gobierno Nacional para determinar la viabilidad de implementar la iniciativa. En Septiembre 2019: el gobierno anuncia la decisión de implementar EITI. Designa como líder gubernamental al Viceministro de Minas. En Mayo 2020: se designan los representantes de la industria. En Agosto 2020: Ecuador, a través del Viceministerio de Minas, presentó formalmente su candidatura a la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas.
Los beneficios del estándar de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas son el aumento de la transparencia; el acceso la información pública y la rendición de cuentas de las Industrias. Además de mejorar el sistema de acceso a licencias ambientales; información del marco fiscal; el clima de inversión.
Año de publicación: 2020
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Ecuador y la Agenda 2030 en el Foro Político de Alto Nivel 2020
Ecuador presentó su segundo Informe Voluntario Nacional sobre los avances de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Foro Político de Alto Nivel de este año. En este documento presentamos un corto análisis de los ODS que representan un reto y retroceso para América Latina y Ecuador. Para entender mejor el documento define algunos conceptos importantes. El Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible es un espacio anual que reúne a 193 países comprometidos con alcanzar los 17 ODS. Su principal objetivo es dar seguimiento y monitoreo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el 2020, se desarrolló de forma virtual dado el contexto por la COVID-19. Su tema fue “Acción acelerada y vías transformadoras: darse cuenta de la década de acción y entrega para el desarrollo sostenible”.
Además, menciona que los Informes Voluntarios Nacionales (VNRs) son la principal herramienta para evaluar los logros y retos de cada país con relación a la Agenda 2030 y los ODS. Su objetivo es promover la rendición de cuentas, la cooperación internacional, el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo. En el documento se presenta una serie de análisis de los principales como lo son los ODS 2, 9,13,15 y 17. Este análisis nos demuestra que la crisis sanitaria actual tendrá un impacto directo en el avance de los ODS en la región y en Ecuador.
De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el PIB per cápita disminuirá en el 90% de los países. Será la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial. Para el caso de Ecuador, las proyecciones nos dicen que el PIB caerá 9% en 2020. Las problemáticas sociales se profundizará en este contexto. Ecuador será el segundo país con mayor incremento de la extrema pobreza y quinto con mayor incremento de la pobreza de acuerdo a las proyecciones.
Año de publicación: 2020
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Situación del sistema financiero ecuatoriano frente al COVID -19
El documento situación del sistema financiero ecuatoriano frente al COVID-19 es una recopilación de tres análisis importantes. El primero es la disposiciones para el sector financiero público y privado. En esta sección se destacan tres meses importantes. En marzo se hace el requerimiento de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) a entidades controladas de tener un “Plan de Manejo de Emergencias“ ante COVID-19. Con el objetivo de implementar estrategias y acciones concretas para controlar y minimizar los efectos de la pandemia COVID-19.
A mediados de marzo, se dispuso sobre atención al público a través de canales físicos y virtuales. La SBS dispuso ajustar el horario de atención al público en las entidades controladas de los sectores financieros público y privado, para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. Además, se plantea que la atención en canales presenciales para el pago del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Bono de Protección Familiar (BPF). La SBS monitorea a las entidades controladas para garantizar la efectividad de las transferencias gubernamentales hacia los beneficiarios del BPF y BDH.
La SBS propone a la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera la extensión del plazo para las MYPIMES, hogares y empresas. Con la idea de que los pagos de los créditos diferidos y acordados entre clientes y bancos privados que vencieron hasta al 30 de mayo de 2020, tengan 90 días adicionales.
Además, el documento resume de los nuevos productos del sistema financiero creados ante la crisis sanitaria y las características de ellos. Como parte final, contiene un análisis del comportamiento financiero de la banca privada y pública con sus respectivos análisis.
Año de publicación: 2020
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Presupuestos de Gobiernos Autónomos Descentralizados en el contexto del COVID- 19
En el documento se determina que las ciudades han tenido un papel fundamental en el manejo de la crisis sanitaria del COVID-19. A partir de la Resolución del COE Nacional de 28 de abril del 2020, su rol se ha visto intensificado ante la nueva responsabilidad de los COE Cantonales de determinar los momentos y mecanismos para la reactivación productiva y comercial de sus territorios. Las competencias adquiridas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ante la emergencia, han tenido un impacto sobre los presupuestos municipales, que se habían visto afectados por la crisis fiscal nacional que ha impactado a las transferencias del Estado Central.
Las fuentes de ingresos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados son cuatro las cuales provienen de transferencias del Estado Central por distintos conceptos. Los ingresos independientes son los ingresos provenientes de impuestos y tasas locales, contribuciones por mejores recursos no reembolsables y financiamiento directo. El documento presenta una serie de gráficos donde se puede observar los financiamientos y las características del financiamiento del GAD. La mayor parte de transferencias a los GAD municipales viene del Gobierno Central según el modelo de equidad.
Dentro de la sección reducción de transferencias y mayor ejecución se observa un análisis de las cinco ciudades con mayores transferencias del Estado. Se evidencia una importante reducción en los ingresos de los municipios. Además de un porcentaje mucho más alto de ejecución en el primer cuatrimestre de los valores asignados anualmente. En la sección de porcentajes devengados acumulados a abril de presupuesto anual asignado se observa un gráfico de la ejecución acumulada de las transferencias del Gobierno Central a los GAD Municipales. Siendo un análisis comparativo de los años 2019 – 2020.
Año de publicación: 2020
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Programa de transferencias monetarias a familias vulnerables
Las transferencias monetarias son programas que tienen como propósito reducir la pobreza mediante la entrega directa de recursos a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Dichas transferencias pueden ser condicionadas, es decir, que los beneficiarios están en la obligación de cumplir ciertas características para acceder al programa.
En Ecuador existen 6 programas de transferencias monetarias. El Bono de Desarrollo Humano (BDH) consiste en una transferencia monetaria condicionada mensual dirigida al representante de las familias que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Se lo da de preferencia a la mujer jefa de hogar o cónyuge o a aquella persona que tenga como responsabilidad las decisiones de compra. Otro es el Bono de Desarrollo Humano Variable. Este es un componente en función del número de hijos menores de edad de los núcleos familiares que reciben el BDH.
La pensión para adultos mayores es una transferencia mensual dirigida a las personas de 65 años en adelante, que no acceden a cobertura de la seguridad social contributiva, con el fin de cubrir carencias económicas y gastos que demandan las vulnerabilidades que se acentúan por la edad. Por otro lado, el Bono Joaquín Gallegos Lara es una transferencia monetaria mensual con el propósito de mejorar las condiciones de vida, atención y cuidado de personas con discapacidad física, intelectual y psicosocial severa. Además, este bono incluye a personas que tengan enfermedades catastróficas, raras, huérfanos y menores de 14 años viviendo con VIH-SIDA en condición socio económica crítica.
Asimismo, en el documento se puede observar un resumen del Bono de Protección Familiar por Emergencia por la presencia del COVID-19. También se determina que el beneficiario de 1° fase del Bono de Protección Familiar en su mayoría son mujeres, con un 88%. Por último presenta las transferencias monetarias frente a la crisis de países en la región.
Año de publicación: 2020
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Elecciones nacionales en Ecuador: ¿Adelantarlas o Postergarlas?
El siguiente documento sobre las elecciones nacionales plantea el hecho de adelantar o posponer el proceso electoral del país. Este tiene cómo finalidad conocer cuáles serían las repercusiones económicas, políticas y sociales que implica adelantar o posponer las elecciones nacionales. Una opción para adelantar el proceso electoral sería la muerte cruzada. La muerte cruzada es un mecanismo constitucional que otorga al Presidente la facultad de disolver la Asamblea y viceversa, es decir, también faculta a Asamblea para destituir al Presidente.
El nombre “muerte cruzada” no consta en la Constitución, pero se lo conoce así en el ámbito político ecuatoriano. Se creó con la Constitución de 2008 como una herramienta de última instancia en caso de una crisis de gobernabilidad. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años del mandato, tanto por el Presidente como por la Asamblea. Al declarar la muerte cruzada se realizarán dos procesos electorales en menos de un año. El primero en el 2020, para elegir al gobierno que finalice el periodo 2017-2021. El segundo para elegir al gobierno 2021-2025 dejando un costo estimado de 123 millones para el proceso electoral del 2021.
Además, el documento plantea por qué y qué repercusiones conlleva aplazar las elecciones. Se piensa aplazar las elecciones nacionales debido a las posibles afectaciones de la crisis sanitaria en las acciones preparatorias y en el calendario electoral. La posible ausencia de fondos para llevar a cabo el proceso. Lenín Moreno sugirió eliminar los “rubros innecesarios” de las elecciones, y redirigirlos a la emergencia. Atrasar las elecciones presidenciales y legislativas más allá de mayo 2021 podría violar principios Constitucionales y derechos políticos debido a que irrumpe con el período fijo de 4 años de gobierno.
Año de publicación: 2020
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la crisis del COVID-19
El rol de los GAD en el COVID-19 es importante para responder adecuadamente a las medidas consideradas para aplanar la curva de contagios y reducir el contacto físico en todos los territorios a nivel nacional. Los GAD Municipales y Provinciales son responsables del retorno a las actividades presenciales. Así respondiendo a competencias y funciones descritas en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). Ahora los GAD tienen la facultad de decidir cuándo relajar las medidas de distanciamiento social con base en los tres niveles establecidos por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.
La principales Responsabilidades del COOTAD son: provisión de servicio públicos de calidad, control de las actividades en el espacio público, regular y controlar ferias y mercados. Otras responsabilidades son: aplicar las normas nacionales sobre tránsito, a nivel urbano y rural dentro del cantón. También está: no obstaculizar ni impedir la operación de los sectores estratégicos y las actividades económicas esenciales autorizadas por el COE Nacional.
Cada Municipio tendrá la facultad de seleccionar una semaforización para la implementación de medidas de distanciamiento social en su territorio. Los criterios necesarios son: disponibilidad del sistema de salud y propagación del virus. La principal medida para controlar la propagación del COVID-19 es el distanciamiento social y el cumplimiento de medidas de cuarentena. Las brechas son evidentes respecto a variables estructurales que afectarán la capacidad de los GAD para enfrentar la crisis a nivel territorial. Las cuales se encuentran resumidas en el gráfico cobertura de servicios básicos por provincia.