Derechos Humanos en Ecuador
«Durante el gobierno de Lenín Moreno, se incumplieron obligaciones adquiridas por el Estado ecuatoriano frente al sistema universal y regional de derechos humanos. Esto afecta la aplicabilidad de la normativa internacional en el país, lo que se ve reflejado en el incumplimiento de las 182 recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU). «
Año de publicación: 2021
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Movilidad Humana
Para julio de 2019, más del 80% de los venezolanos ingresaron al país mediante un paso oficial; sin embargo, el 54% de los que se residen en Ecuador se encuentra en situación irregular. Asimismo, más del 40% de los migrantes recibidos en el país entre 2017 y 2019 no poseían un estatus regular. Dicha irregularidad se traduce en vulneraciones a derechos como acceso a la salud, seguridad, empleo formal, educación y atención prioritaria a adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes.
Año de publicación: 2021
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Derechos de pueblos y nacionalidades: Población afroecuatoriana en frontera norte
Los modelos extractivistas de desarrollo han estado vinculados a la política estatal ecuatoriana desde Gobiernos anteriores al de Moreno. No obstante, esta problemática se sitúa como un elemento endémico de las vulneraciones a derechos de pueblos, nacionalidades y naturaleza, especialmente para la población afroecuatoriana. El extractivismo en los países en vías de desarrollo como Ecuador encuentra obstáculos para su éxito y, a la vez, para contribuir al desarrollo humano de la población.
Año de publicación: 2021
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Derecho a la protesta y manifestación pacífica
El derecho a la protesta y manifestación pacíficas se consagra como un derecho humano que garantiza el ejercicio individual y colectivo de la participación política de la sociedad civil, y fortalece la calidad democrática de los Estados.
Año de publicación: 2021
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Violencia basada en género
A pesar de los importantes avances planteados por la Constitución del Ecuador con respecto a reconocer la erradicación de la violencia de género como política de Estado en 2007. Frente a dicha realidad, la respuesta del Gobierno se tradujo en la omisión de sus metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. De acuerdo a la proforma presupuestaria para 2020 del Ministerio de Economía y Finanzas, el rubro para la prevención de violencia pasó de $ 5.000.000 a $876.862,09(es decir, una reducción del 84%) y no se consideró un rubro para prevención del embarazo adolescente.